La falacia de los retenes y por qué no te protegen

En 1968, el psicólogo social Stanley Milgram diseñó un experimento fascinante sobre la obediencia. Descubrió que los seres humanos aceptan someterse a rozamientos ridículos e incomodidades absurdas si la figura que los exige porta las insignias correctas de autoridad. Avancemos medio siglo. Es viernes por la noche en la Calzada Zavaleta o sobre la Boulevard Atlixco. El tráfico fluye a paso firme hasta que, de repente, una masa de luces rojas y azules interrumpe el horizonte. Un cono naranja, un par de patrullas atravesadas y un grupo de oficiales con la mano levantada.

La narrativa oficial que justifica estos operativos es superficial. Si colocas un filtro aleatorio en la vía pública, atraparás a quienes conducen ebrios, detectarás vehículos robados y disuadirás el crimen organizado. La lógica es a mayor presencia visual, menor índice delictivo. Excepto por un pequeño detalle. Cuando los sociólogos y economistas examinan las estadísticas de los puntos de revisión aleatorios en ciudades americanas y latinoamericanas, los números revelan un secreto incómodo. La tasa de efectividad para capturar criminales de alto impacto mediante un retén es ridículamente baja, rozando márgenes de error estadístico.

Entonces, ¿por qué los gobiernos insisten en paralizar avenidas enteras para revisar cajuelas?

Para entenderlo, debemos recurrir a lo que el experto en seguridad Bruce Schneier denominó “teatro de la seguridad”. Son tácticas diseñadas no para resolver un problema real, sino para hacer que la gente sienta que el problema se está resolviendo. Un filtro de seguridad no es un instrumento de inteligencia policial; es una instalación escénica, una obra de teatro barata. Es el Estado diciendo: “Mírame, estoy trabajando”.

El problema surge cuando analizamos el costo invisible de esta escenografía. El primer costo es material. Miles de horas-hombre perdidas en el embudo del tráfico, motores encendidos gastando combustible innecesariamente y una ciudad cuya productividad se detiene. Pero el segundo costo es infinitamente más destructivo y de naturaleza psicológica.

En la teoría de la criminología moderna, la efectividad de la ley depende de la legitimidad percibida. Cuando un ciudadano respetuoso de la ley es obligado a detenerse, encender la luz interior del auto, responder preguntas inquisitivas y someterse a la mirada sospechosa de un oficial, ocurre una sutil fractura mental. El estado de derecho deja de sentirse como un escudo protector y comienza a operar como un obstáculo arbitrario.

En el contexto mexicano, esta fricción se profundiza dramáticamente por el fantasma omnipresente de la extorsión. El ciudadano que ingresa al embudo del retén no experimenta la tranquilidad de ser protegido; experimenta la ansiedad de ser vulnerado. La interacción no se basa en el servicio público, sino en una asimetría de poder donde la falta de un documento o una luz fundida puede convertirse en un regateo financiero.

Esta es la verdadera paradoja. El gobierno elige la “seguridad visible y molesta” porque es fácil de fotografiar y transmitir en boletines de prensa. La “seguridad invisible e inteligente” —el análisis de datos, el patrullaje estratégico en zonas de alto riesgo, la investigación criminal— es sumamente efectiva, pero carece de dramatismo visual.

Al priorizar el espectáculo sobre la eficiencia, el sistema comete un error táctico devastador. Intercambia la confianza a largo plazo de la población por una foto matutina en el periódico. Cada automóvil atrapado en la fila del alcoholímetro no representa a un ciudadano protegido, sino a un conductor que reafirma la sospecha de que el control estatal es solo una ilusión costosa.