Eduardo Rivera Pérez, exalcalde de Puebla, enfrenta una resolución que contempla 15 años de inhabilitación y una multa de 15 millones de pesos. El panista confirmó que recibió la determinación, aunque aclaró que no es definitiva y anunció que la impugnará.
La resolución corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Aunque inicialmente circularon versiones que atribuían la sanción a la Auditoría Superior del Estado (ASE), Rivera identificó al tribunal como la autoridad responsable de la determinación que combatirá.
Bajo el mensaje “La verdad es la mejor defensa”, el expresidente municipal rechazó haber cometido abuso de funciones. Aseguró que esa conducta no fue acreditada y sostuvo que no existe ninguna acción que pueda atribuirse a su persona.
“Aunque NO se me acusa de un mal manejo de recursos públicos, el objetivo es claro: quieren multarme e inhabilitarme INJUSTAMENTE”, expresó. Su postura distingue este procedimiento de las observaciones financieras que también enfrenta su administración.
Rivera vinculó la resolución con el escenario electoral de 2027 y cuestionó sus implicaciones políticas. Además, señaló que se suma a la actuación de la Contraloría Municipal de mayo, por lo que denunció un “ataque sistemático” en su contra.
“Atenderé estos señalamientos con pruebas y de frente; exigiendo un proceso justo, imparcial y apegado a derecho”, afirmó. El exalcalde anunció que defenderá su nombre, honor y derechos “hasta las últimas consecuencias” ante las instancias correspondientes.
La disputa ocurre mientras continúan los cuestionamientos a las cuentas públicas de su segundo gobierno. Rivera encabezó el Ayuntamiento de Puebla de 2021 a 2023, cuando dejó el cargo para buscar la gubernatura; Adán Domínguez concluyó el periodo municipal en 2024.
En la Cuenta Pública 2022 se reportaron nueve pliegos de observaciones por 45.6 millones de pesos y 16 solicitudes de aclaración. Los señalamientos incluyeron contratos y documentación insuficiente para justificar gastos o acreditar los servicios pagados.
Para la Cuenta Pública 2023 se documentaron 15 pliegos por un probable daño patrimonial de 261.3 millones de pesos. Otros reportes acumulan cientos de millones observados entre Rivera y Domínguez, pero esas cifras no equivalen automáticamente a desvíos ni pueden cargarse íntegramente al primero.
El escrutinio también alcanza a Bernardo Arrubarrena García, exsecretario de Administración y Tecnologías de la Información, para quien se reportaron diez años de inhabilitación y una multa de 10.5 millones. Compras, nombramientos, licitaciones y obras como la avenida Juárez han recibido cuestionamientos, sin que esté acreditado que todos integren la resolución contra Rivera.
El panista tiene un antecedente por su primera gestión, de 2011 a 2014: en 2017, el Congreso lo sancionó con doce años de inhabilitación y 25.5 millones de pesos por la Cuenta Pública 2013. En 2018 obtuvo un amparo que dejó sin efecto aquellas sanciones.
La nueva batalla exige revisar tanto los fundamentos de la sanción como las respuestas del exalcalde. Denunciar una ofensiva electoral no aclara las cuentas pendientes de su gobierno; tampoco las observaciones de auditoría sustituyen las pruebas necesarias para acreditar una responsabilidad.
