Abogado del “tirador de Puebla” justifica sus armas por ser cazador y denuncia inconsistencias
La defensa de Rafael “N”, acusado por los balazos en la Vía Atlixcáyotl, alegó irregularidades en la investigación y justificó sus armas por la cacería.
El caso del tirador en serie que sembró el pánico sobre la Vía Atlixcáyotl ha dado un giro dentro de los tribunales de Puebla. Lizandro Villanueva, abogado defensor de Rafael “N”, de 67 años de edad, denunció públicamente la existencia de una “serie de inconsistencias” en el expediente presentado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y argumentó que la posesión de armamento por parte de su representado se encuentra legalmente amparada por un permiso de cacería, por lo que exigió no catalogar dicho factor como un indicador automático de culpabilidad.
El imputado, sobre quien pesan cargos formales por tentativa de homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena y ataques peligrosos, es señalado por las autoridades ministeriales como el responsable de haber abierto fuego en al menos 10 ocasiones contra automovilistas y transeúntes en una de las vialidades más transitadas de la zona metropolitana de Puebla. Su detención se concretó el pasado martes 14 de julio de 2026 durante un operativo desplegado por agentes de investigación en el exclusivo Residencial Santa Fe, intervención en la que, según el reporte oficial, los efectivos fueron recibidos a balazos antes de lograr someter al adulto mayor.
Frente a la gravedad de los señaIamientos, la defensa legal solicitó a la FGE profundizar en las indagatorias y revisar con imparcialidad los elementos de prueba integrados a la carpeta de investigación. El letrado enfatizó que Rafael “N” forma parte del sector de la tercera edad y sostuvo que el desarrollo apresurado del proceso legal, sumado a la exposición mediática, ha generado un impacto negativo y severas afectaciones emocionales y sociales tanto en el detenido como en el núcleo de su familia.
A pesar de los argumentos vertidos por el equipo legal del acusado para desestimar los indicios que lo vinculan con las agresiones con arma de fuego, la Fiscalía General del Estado mantiene la imputación y sostiene la legalidad del arresto. El juez de control a cargo del proceso determinará en las próximas audiencias si las pruebas presentadas por el Ministerio Público son suficientes para vincularlo a proceso y mantener la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones complementarias.
