Casos más graves que el de Salvatori y Palomares, sin castigo en Puebla
La indignación contra Nayeli Salvatori y Grace Palomares por sus expresiones sobre las personas adultas mayores es legítima. Sus comentarios fueron discriminatorios y merecen consecuencias, pero el caso también exhibe la memoria selectiva de partidos, instituciones y sociedad.
En Puebla, otros políticos han protagonizado episodios de misoginia, violencia de género e incluso acusaciones en el ámbito penal. Pese a la gravedad, conservaron sus cargos, prolongaron procesos legales o encontraron caminos para regresar a la actividad pública.
Héctor Alonso Granados, entonces diputado local, provocó indignación al afirmar que las mujeres debían “pensar antes de abrir las piernas”, durante una discusión relacionada con la despenalización del aborto.
La frase no fue un hecho aislado. Legisladoras de distintas fuerzas políticas lo señalaron por cosificación, hostigamiento, intimidación y agresiones verbales desde la tribuna y en las instalaciones del Congreso de Puebla.
Morena lo separó de su bancada y se presentaron diversas quejas en su contra, pero Alonso Granados concluyó su periodo legislativo. La condena partidista no se convirtió en una inhabilitación ni en una sanción capaz de cerrar su carrera política.
Otro caso es el de Inés Saturnino López Ponce, exdiputado y expresidente municipal de Tecamachalco, señalado reiteradamente por ejercer violencia política de género contra regidoras de oposición durante su administración.
Las denuncias incluyeron el bloqueo de dietas, obstáculos para ejercer el cargo, exclusión de sesiones y restricciones al uso de la palabra. Las conductas fueron llevadas ante autoridades electorales, pero los litigios y las impugnaciones extendieron sus efectos.
Pese a los procedimientos y resoluciones acumulados, Inés Saturnino mantuvo presencia política e intentó reaparecer electoralmente. Su historial no produjo un veto social permanente ni impidió que siguiera encontrando espacios partidistas.
Juan Pablo Kuri Carballo, exdirigente estatal del Partido Verde y exdiputado local, enfrentó un caso todavía más delicado: fue detenido por autoridades tras una acusación formal de violencia familiar contra su expareja.
Aunque el episodio alcanzó el terreno penal y generó atención mediática, tampoco provocó una ruptura pública definitiva con las redes políticas que rodearon su trayectoria. Como en otros casos, el escándalo perdió fuerza mientras el proceso avanzaba por la vía legal.
Salvatori y Palomares no son víctimas ni sus comentarios deben minimizarse. Sin embargo, la comparación revela una vara desigual: expresiones discriminatorias generaron una reacción inmediata que otros casos, relacionados con violencia directa y sistemática, nunca enfrentaron con la misma intensidad.
El problema de fondo es la impunidad selectiva. Los partidos sancionan cuando el costo mediático amenaza sus intereses, pero toleran, reciclan o protegen perfiles cuestionados cuando todavía les resultan útiles.
En Puebla, la indignación suele durar menos que las carreras políticas.
