Prevención de Lavado de Dinero, arma psicológica para recaudación

El Estado mexicano se enfrenta a un desafío macroeconómico complejo. Sostener y expandir una ambiciosa red de programas sociales requiere de un flujo constante y creciente de capital. Ante la imposibilidad o la falta de voluntad política para implementar una reforma fiscal integral que grave a los grandes capitales o que formalice de tajo a la economía subterránea, el gobierno ha optado por una estrategia alternativa, silenciosa y profundamente psicológica. El miedo.

La táctica consiste en utilizar el andamiaje legal diseñado para el combate al crimen organizado, específicamente las leyes de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), como un mecanismo de intimidación al contribuyente. La amenaza de poder ser catalogado como delincuente financiero funciona como una herramienta de terror diseñada para presionar a la base gravable cautiva, obligando a los ciudadanos de a pie a declarar hasta el último centavo con el objetivo final de incrementar la recaudación.

Para desentrañar las complejidades de este fenómeno, sus alcances legales y sus repercusiones en el tejido social y empresarial, platique con Joan Borbolla, abogado fiscalista, Director General de Taxpert y experto en Prevención de Lavado de Dinero. La conversación reveló cómo la frontera entre la vida cotidiana de un ciudadano bien intencionado y el radar punitivo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se ha difuminado de manera alarmante.

La trampa de la cotidianidad y el riesgo contagiado

El primer impacto psicológico de esta estrategia gubernamental radica en la posible criminalización de las redes de apoyo social y familiar. En la cultura mexicana, prestar una cuenta bancaria a un familiar, organizar una tanda o hacer transferencias entre cónyuges es una práctica de supervivencia económica cotidiana. Sin embargo, ante los ojos del algoritmo fiscal, estas acciones pueden ser focos rojos.

Cuando se le cuestionó a Borbolla sobre el momento exacto en el que un ciudadano común choca con la ley al realizar estas prácticas, el abogado fue categórico. El problema surge cuando se omite informar al fisco. “Las herramientas idóneas y perfectas son las declaraciones”, explicó Borbolla. Ya sea mediante la declaración anual para personas físicas o las mensuales para personas morales, el contribuyente debe transparentar cada movimiento. “Esa es la forma de decirle a la autoridad: esta es mi radiografía, este es mi hueso roto, este es lo que me suturó el doctor y te lo dejo para tu consideración”.

No obstante, la palabra “consideración” encierra un terror latente. Borbolla advierte que “no por avisar estás eximido de culpas”. El sistema actual está diseñado bajo una lógica donde, lamentablemente, “pagan justos por pecadores”. El verdadero criminal de cuello blanco o el narcotraficante opera en las sombras. Como señala el especialista: “El malo nunca le va a avisar a la autoridad. El delincuente nunca va a agarrar en su declaración y decir: recibí cinco pesos del maleante de la esquina”.

El ciudadano ordinario, al intentar cumplir, se expone a una cadena de riesgo por parte del SAT. Borbolla ilustra esto con un ejemplo claro. Si una persona recibe un préstamo, lo declara y lo devuelve con intereses, cree estar a salvo. Pero si la persona que prestó el dinero resulta tener “un vínculo o un posible vínculo con alguna red de terrorismo, narcotraficantes, lavado de dinero, evasión fiscal”, el receptor original automáticamente se vuelve sospechoso de complicidad, sin importar que ya haya devuelto el capital. El miedo a esta contaminación financiera es precisamente lo que el gobierno utiliza para forzar la regularización masiva.

El efecto secundario: El impulso hacia la informalidad

Lejos de incentivar la cultura tributaria, esta presión asfixiante está generando un efecto contrario en las capas medias y bajas de la economía; el miedo aleja a las personas de la bancarización. La asfixia burocrática y el terror punitivo están empujando a los nuevos proyectos al mercado negro.

“Cuando eres un emprendedor y ves todas las trabas que te ponen desde el SAT que no puedes abrir, que te piden mil documentos que no tienes, que parece que están en tu contra”, detalla Borbolla. A esto se suma la agresiva vigilancia de los bancos, lo que genera un cóctel que desincentiva la formalidad. Como resultado, advierte el director de Taxpert, “estos emprendedores prefieren hoy arrancar sus negocios, su emprendimiento en la informalidad”.

Sin embargo, el refugio de la informalidad es hoy una ilusión óptica. El efectivo sigue siendo el rey en México, y Borbolla estima que “el 70 por ciento de los taqueros de la calle son informales”, lo que en teoría los mantiene fuera del radar. El problema surge en el momento en que ese dinero toca el sistema financiero formal. Desde 2018, regulaciones como el boletín 4 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estipulan que el dinero debe permanecer al menos 24 horas en una cuenta; retirarlo de inmediato es “jugarle al valiente” y levanta sospechas inmediatas de lavado.

Ante este cerco, muchos buscan alternativas tecnológicas creyendo evadir la mirada del fisco, refugiándose en terminales de punto de venta independientes. Borbolla es enfático en destruir este mito: herramientas como “las CLIP, las terminales Mercado Pago, todas estas que les llaman irrastreables, que realmente son más rastreables que las del banco”. Quienes las usan pagan más comisiones creyendo estar fuera del sistema, pero en realidad están dejando una huella digital imborrable.

El panóptico digital: El algoritmo y el consumo de luz

La eficacia de esta amenaza psicológica se fundamenta en la omnisciencia tecnológica del Estado, gracias a la inteligencia artificial. SAT ya no necesita auditores de carne y hueso revisando facturas físicas; los algoritmos hacen el trabajo sucio. Borbolla utiliza una metáfora clínica para explicar cómo los sistemas de prevención monitorean la vida de los ciudadanos: “Imaginemos tu cuenta bancaria o la cuenta bancaria de cualquiera como un electrocardiograma”.

Si un trabajador recibe su quincena y la gasta de forma rutinaria, la gráfica se mantiene estable. Pero si de repente esa persona recibe el dinero de una tanda o un regalo de cumpleaños, “el pico en lugar de ser de este tamaño en lo ordinario, se va al doble”, alertando al sistema de que la actividad “se salió de la línea habitual” y señalando un riesgo potencial. Los micro depósitos constantes también son focos de atención si la persona no presenta una declaración que justifique de dónde provienen los recursos para sostener su nivel de vida.

Existen tres hábitos financieros sumamente normalizados entre la población mexicana que hoy constituyen banderas rojas (red flags) definitivas para las autoridades. Borbolla las enumera con precisión:

1. El pago en efectivo de deudas bancarias: Comprar con tarjeta de crédito y luego ir a la ventanilla del banco a pagar con efectivo en lugar de hacer una transferencia entre cuentas propias, en un intento de no contabilizar ese dinero en el sistema de impuestos.
2. Las tarjetas adicionales: Darle una tarjeta de crédito a la pareja o a un tercero para que este la pague. Como la cuenta está a nombre del titular, pero la paga otra persona, se genera “una discrepancia económica y una discrepancia fiscal”.
3. El consumo injustificado que deja rastros en servicios básicos: Esta es quizás la revelación más perturbadora por su naturaleza de vigilancia absoluta.

Sobre este tercer punto, Borbolla explica que parece ciencia ficción, pero es una realidad. Cuando una persona compra un bien material grande, como una pantalla de televisión o un refrigerador nuevo, “tu consumo de luz se eleva”. Ese incremento en el consumo eléctrico de la propiedad “lo sabe la autoridad, aunque creas que no lo sabe”. Si a esto se suma la contratación de un servicio de televisión por cable, se genera “un cruce de información en donde tienes un pico de gasto, pero tus ingresos siguen siendo lo mismo”.

Esta vigilancia se complementa con el arma más potente de auto-incriminación moderna. Las redes sociales. “En redes sociales la gente sube todo”, lamenta el experto. A través de inteligencia artificial, las autoridades cruzan los datos de estilo de vida público (viajes, compras, autos nuevos) con las declaraciones fiscales. Si el sistema ve a un ciudadano presumiendo vacaciones en Europa mientras reporta ingresos mínimos, el sistema exige una respuesta: “Ábrame su declaración. Me dice que gana 5 pesos. Cómo le da para vivir a esto”.

La necesidad de defensa y asesoría

El Estado ha perfeccionado una maquinaria donde el desconocimiento es el principal enemigo del ciudadano. Actos tan simples como acudir a abrir una cuenta bancaria sin llevar la Constancia de Situación Fiscal pueden resultar en que el banco genere un RFC nuevo para el usuario, creando casos donde la persona “ya empieza a tener vida fiscal y ni sabe”, o peor aún, termina con una “doble vida fiscal”.

Incluso la venta de bienes heredados, propiedades o joyas personales requiere una vigilancia estricta. Como indica Borbolla, nadie le quita el derecho a un ciudadano de vender su patrimonio, “pero tienes que avisarle a la autoridad”. Cualquier transacción importante debe documentarse a través de un notario o fedatario público, quien por ley informará al gobierno. Si el ciudadano decide ocultar el ingreso en su declaración anual, el fedatario “te dejó como el malo” porque él ya cumplió con avisar.

Al finalizar la entrevista, la conclusión es que el ciudadano ya no puede navegar el sistema económico basándose en la intuición o la costumbre. Ante un aparato estatal urgido de recursos para financiar programas sociales y dispuesto a usar la amenaza del lavado de dinero para exprimir a la base gravable, la ignorancia es un suicidio financiero.

La recomendación final de Joan Borbolla apela al sentido de supervivencia haciendo una analogía con la salud física, advierte: “Yo no soy médico. Y yo puedo creer que estoy perfecto. Si no me hago una revisión cada año, pues yo no puedo saber si traigo temas”. El llamado es importante; acudir con un especialista para presentar una radiografía financiera y evaluar los riesgos. En la era del terror fiscal y los algoritmos hipervigilantes, no informarse y creer ciegamente en lo que se dice empíricamente en internet, es el camino más rápido para convertirse en una estadística más de la maquinaria recaudadora del gobierno.