México capta inversión por reinversión de utilidades, pero las nuevas inversiones caen por incertidumbre jurídica. El gobierno debe dar certeza y energía para atraer capital.
La radiografía de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México muestra una preocupante paradoja: mientras el país capta volúmenes globales robustos, el motor que verdaderamente importa para el crecimiento y la innovación a largo plazo—la llegada de nuevas inversiones—se está apagando. Comprender este fenómeno es crucial para reorientar la política económica y evitar que el país pierda una oportunidad histórica en el panorama comercial global.
Los datos más recientes del Banco de México revelan una marcada pérdida de dinamismo en la entrada de capital fresco. Durante 2025, de los más de 40,800 millones de dólares (mdd) que ingresaron al país, las nuevas inversiones representaron apenas el 17.9%. La tendencia se agudizó en el primer trimestre de 2026, donde este rubro sufrió una contracción del 26.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, ubicándose en apenas 1,705 mdd.
En contraste, la economía mexicana se ha vuelto peligrosamente dependiente de la reinversión de utilidades de empresas que ya operan en el territorio, un componente que representó un abrumador 94.2% del total captado al inicio de 2026. En términos llanos: el dinero que sostiene la IED no viene de afuera; son las ganancias generadas en México que las corporaciones deciden no repatriar, mientras que los nuevos jugadores están optando por mantenerse al margen.
Este estancamiento de los nuevos capitales obedece a una combinación de factores inerciales y de profunda incertidumbre institucional:
Un nearshoring por expansión, no por llegada: La relocalización de cadenas de suministro ha operado principalmente a través de corporativos preexistentes. Las multinacionales instaladas en los sectores automotriz y manufacturero están ampliando sus líneas de producción actuales, lo que infla la reinversión pero no diversifica el tejido empresarial con nuevas marcas.
Incertidumbre jurídica y el efecto Wait and See: El factor detonante del freno ha sido la política interna. La aprobación de reformas constitucionales de gran calado a finales de 2025—particularmente la reestructuración del Poder Judicial—activó una postura de cautela entre los inversionistas internacionales. Ante la falta de claridad sobre la imparcialidad legal y las reglas del juego a largo plazo, las empresas que planeaban ingresar por primera vez a México congelaron sus planes de expansión.
Para revertir esta tendencia y reactivar el interés de nuevos inversionistas, el gobierno federal debe implementar correcciones urgentes en tres frentes estratégicos:
Restablecer la certeza jurídica: Es indispensable enviar señales contundentes de respeto a los tratados internacionales (como el T-MEC) y a los contratos vigentes. El capital extranjero requiere un marco legal predecible, transparente y blindado contra cambios regulatorios abruptos o de corte ideológico.
Resolver la crisis de infraestructura y energía: Ninguna empresa nueva se instalará si no hay garantía de acceso a electricidad limpia, suficiente y a precios competitivos, además de suministro de agua y conectividad logística. El gobierno debe flexibilizar la postura estatal y permitir la coinversión privada en el sector energético.
Diseñar una política proactiva de promoción económica: Tras el desmantelamiento de agencias de promoción en el exterior, México carece de una estrategia articulada de venta país. Se necesita salir a buscar activamente a los sectores de alto valor agregado (como semiconductores y electromovilidad), ofreciendo ventanillas únicas que reduzcan la asfixiante burocracia actual.
México no puede conformarse con vivir de la inercia y de las rentas de las empresas que llegaron en el pasado; la reinversión de utilidades tiene un límite natural. Si el gobierno no corrige el rumbo institucional y energético de inmediato, el país correrá el riesgo de ver pasar de largo la mayor ventana de oportunidad económica de las últimas décadas.
