Diésel a 27 pesos, el costo oculto para gasolineros y economía
El acuerdo para bajar el diésel a 27 pesos presiona a gasolineros, reduce márgenes y genera riesgos para inversión, abasto y economía nacional.
La reducción del precio del diésel a 27 pesos por litro puede sonar, a primera vista, como una buena noticia para los consumidores y para la lucha contra la inflación. En un país donde el transporte de mercancías depende ampliamente del diésel, contener su precio tiene un evidente atractivo político y social. Sin embargo, detrás del anuncio existe una pregunta incómoda: ¿quién paga realmente esa reducción?
El gobierno federal y empresarios gasolineros acordaron llevar el precio del diésel a 27 pesos por litro, después de que apenas días antes se había pactado mantenerlo en 28 pesos. El propio sector reconoció que la baja será gradual, porque las estaciones aún tienen inventarios comprados a precios previos. Además, el acuerdo se plantea como voluntario, con apoyo de estímulos fiscales vía IEPS y ajustes que dependerán de la Secretaría de Hacienda.
El problema es que la voluntariedad en un entorno de presión política nunca es completamente voluntaria. Cuando una autoridad convoca, acuerda, exhibe precios y condiciona la negociación futura al apoyo del sector, el margen empresarial se reduce no solo en términos económicos, sino también institucionales. El mensaje es delicado: los precios pueden modificarse por acuerdo político, aunque los costos reales no bajen al mismo ritmo.
Los gasolineros solicitaron cuatro medidas para compensar la reducción; descuentos comerciales adicionales de Pemex, ajustes extra en el costo terminal, reducciones temporales en logística y almacenamiento, y mayor flexibilidad en descuentos por volumen y programas comerciales. También pidieron resolver fletes foráneos, inseguridad en carreteras y estaciones, ampliar días de crédito con Pemex y suspender temporalmente costos de SASISOPA.
Estas solicitudes revelan el centro del problema. El precio al público puede bajarse por decreto político o acuerdo sectorial, pero los costos de operación no desaparecen. Una estación de servicio enfrenta gastos de transporte, almacenamiento, seguridad, personal, regulación, mantenimiento, comisiones bancarias, financiamiento e inventarios. Si el precio final baja sin que toda la cadena ajuste sus costos, la diferencia sale del margen del empresario.
Y ese margen no es un lujo. Es la fuente que permite pagar nómina, mantener instalaciones seguras, invertir en tecnología, cumplir con regulación, financiar inventarios y sostener el servicio en zonas donde operar ya es complicado. Cuando el gobierno fuerza precios bajos sin resolver los costos estructurales, convierte a las empresas en amortiguadores de la inflación. Es decir, les traslada una parte del costo político de contener precios.
El riesgo no se limita al negocio gasolinero. Si las estaciones pierden rentabilidad, pueden reducir inversión, aplazar mantenimiento, limitar inventarios o dejar de operar en mercados menos atractivos. En el corto plazo, el consumidor ve un precio menor. En el mediano plazo, puede enfrentar menor competencia, peor servicio, menor cobertura y más vulnerabilidad en el abasto.
Además, hay un riesgo macroeconómico. México necesita controlar la inflación, pero no puede hacerlo destruyendo señales de mercado. Si cada presión internacional sobre los combustibles se responde con acuerdos de precios, subsidios fiscales y presión sobre privados, se genera una distorsión costosa. El país termina escondiendo el precio real de la energía, debilitando la recaudación y presionando las finanzas públicas.
El contexto internacional tampoco ayuda. La volatilidad del crudo por el conflicto en Medio Oriente ha presionado los precios energéticos globales, lo que explica parte de la preocupación oficial por el impacto del diésel en transporte y alimentos. Sin embargo, esa volatilidad no se resuelve cargando el ajuste sobre los gasolineros.
México necesita combustibles asequibles, sí. Pero también necesita empresas rentables, inversión privada, logística eficiente, seguridad en carreteras y reglas claras. La estabilidad de precios no puede construirse sobre márgenes exprimidos ni sobre acuerdos que sustituyen una política energética seria.
Bajar el diésel a 27 pesos puede ayudar temporalmente al bolsillo. Pero si el costo lo absorben empresas que ya enfrentan inseguridad, regulación, comisiones, fletes altos y dependencia de Pemex, el alivio será frágil. La economía nacional no se protege debilitando a quienes sostienen la distribución de combustibles. Se protege con competencia, infraestructura, certidumbre y una política pública que entienda que contener precios no es lo mismo que resolver costos.
