La defensa de Marilyn Cote, acusada de operar como falsa psiquiatra en Puebla, busca negociar acuerdos reparatorios con las víctimas tras aplazarse su audiencia.
La comparecencia judicial programada para el 26 de mayo fue suspendida y reprogramada debido a complicaciones de salud de la imputada, consistentes en un cuadro de abstinencia por ajuste de dosis farmacológica. Ante este retraso, los abogados defensores perfilan una estrategia legal orientada a la suspensión condicional del proceso, condicionada a que los afectados acepten indemnizaciones económicas directas.
De manera paralela, la defensa técnica de la litigante planteará al juez de control la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El objetivo es sustituir el internamiento en el Centro de Reinserción Social por el beneficio de prisión domiciliaria, argumentando motivos de salud y la disposición a subsanar los daños denunciados por los expacientes.
El escenario judicial se mantiene complejo debido a la acumulación de expedientes de diversas demarcaciones de la zona metropolitana. Además del expediente que motivó la prórroga actual, existen fechas fijadas en el calendario del Poder Judicial para desahogar más audiencias intermedias, las cuales agrupan cargos que van desde la falsificación documental hasta agresiones físicas.
Por qué es importante
Para el lector en Puebla, este caso evidencia las vulnerabilidades en los filtros de contratación y arrendamiento de los grandes complejos de salud como Torres Médicas II. La posibilidad de que la imputada enfrente el juicio fuera de prisión genera desconfianza respecto a la firmeza del sistema judicial local frente a fraudes profesionales que atentan contra la salud pública.
El panorama general
La crisis médica estalló a finales de 2024 tras la difusión de recetas falsas con logotipos de universidades prestigiosas, lo que forzó la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Marilyn Cote solo posee título de abogada por la BUAP, pero recetó psicofármacos controlados durante años, un fenómeno que ha destapado casos similares de usurpación en municipios como Atlixco.
La cifra
- 9 procesos penales y un total de 11 denuncias acumuladas enfrenta formalmente la acusada entre las jurisdicciones de Puebla y Cholula.
El impacto
El impacto se refleja directamente en la percepción de seguridad sanitaria de la ciudadanía, que ahora cuestiona las acreditaciones de los especialistas particulares. Asimismo, debilita el prestigio de las zonas de turismo médico en San Andrés Cholula y presiona a los organismos reguladores a incrementar las auditorías físicas de consultorios.
¿Cómo me afecta?
Como ciudadano poblano, el caso le afecta al incrementar el riesgo de caer en manos de profesionales apócrifos por falta de un padrón estatal de salud público y actualizado. Además, si se aprueban los acuerdos reparatorios en libertad, se sienta un precedente que podría flexibilizar el castigo a la negligencia médica y la usurpación de profesiones en la entidad.
Lo que sigue
La audiencia de vinculación y solicitud de medidas cautelares se reanudará el próximo 8 de junio, fecha en la que se determinará si las víctimas aceptan la reparación del daño o si la imputada permanece recluida en el penal.
