La transformación de Paseo San Francisco, anunciada por Carlos Slim y el alcalde Pepe Chedraui, abre una pregunta para los habitantes de los barrios cercanos: ¿podrán permanecer cuando aumente el valor de la zona? La inversión de 4 mil millones de pesos promete vivienda y actividad comercial, pero todavía no demuestra cómo protegerá a quienes viven y trabajan allí.
El riesgo inmediato es el encarecimiento. Chedraui defendió el proyecto argumentando que elevará la plusvalía y permitirá mejores rendimientos a quienes rentan propiedades. Para un propietario, eso puede representar mayores ingresos; para una familia inquilina, puede significar una renta más difícil de pagar. El mismo beneficio inmobiliario puede convertirse en una carga sobre el presupuesto doméstico.
La ausencia de desalojos directos no elimina ese problema. Slim aseguró que utilizará predios vacíos y respetará las construcciones habitadas. Sin embargo, la gentrificación también puede producir desplazamiento indirecto, como se ha visto en la Colonia Roma y Condesa en la Ciudad de México, donde vemos vecinos que abandonan el barrio porque sus ingresos ya no alcanzan para permanecer. No hay todavía una medición que permita afirmar cuántas familias estarían expuestas a ese escenario.proceso.
Los pequeños comerciantes enfrentan otra incertidumbre. Nuevos establecimientos podrían atraer compradores, pero también aumentar la competencia y presionar las rentas de locales. El gobieno estatal, pidió evitar que los negocios existentes sean relegados o sustituidos por grandes consorcios. La recuperación comercial no garantiza, por sí misma, que sus beneficios lleguen a quienes sostienen actualmente la economía barrial.
También importa quién pagará la infraestructura. Aunque el alcalde describe la operación como un negocio entre particulares, el Ayuntamiento anunció rehabilitación de calles, alumbrado y adoquinamiento. Estas mejoras pueden beneficiar a los residentes, pero falta conocer sus costos y las aportaciones del desarrollador. Sin esa información, resulta imposible evaluar si el gasto municipal tendrá beneficios colectivos proporcionales o favorecerá principalmente la valorización privada.
El agua es un punto decisivo. El proyecto contempla aproximadamente 700 departamentos, además de comercios y otros espacios. Luis Ontañón León, exdirector del Soapap, advirtió que debe acreditarse la fuente de abastecimiento. Sin una factibilidad pública, no puede asegurarse que la nueva demanda sea compatible con el suministro de los vecinos ni determinar quién financiará las ampliaciones necesarias.
Durante la construcción podrían aparecer costos cotidianos, como son dificultades de acceso, ruido y afectaciones a las ventas. Los estacionamientos subterráneos y el plazo anunciado de aproximadamente dos años hacen indispensable un programa de obra que proteja la movilidad y la actividad comercial. Estos impactos aún no están cuantificados y no deben presentarse como pérdidas ya comprobadas.
El problema no es recuperar una zona deteriorada, sino hacerlo sin trasladar costos a sus habitantes. Antes de celebrar la inversión como prosperidad compartida, deben conocerse precios de vivienda, medidas para comerciantes, factibilidad de servicios y presupuesto municipal. La promesa de plusvalía necesita contrastarse con una pregunta: qué condiciones permitirán que las familias actuales permanezcan y participen del desarrollo, en lugar de observarlo desde otro barrio. Esa respuesta sigue pendiente en la información revisada hasta ahora.
