El riesgo de celebrar titulares antes de tener evidencias

Existen números en el sector energético cuyo simple tamaño impide pasarlos por alto, y cincuenta y nueve millones de litros de combustible es, sin duda, uno de ellos. Cuando las autoridades federales anunciaron el aseguramiento de semejante volumen en una terminal ubicada en San José Iturbide, Guanajuato, la noticia adquirió de inmediato dimensiones históricas. La magnitud del dato no era para menos: estamos hablando de aproximadamente trescientos setenta y un mil barriles de petrolíferos, el volumen equivalente a casi mil ochocientos autotanques llenos.

El dilema de fondo radica en que la prisa por colgarse la medalla mediática pareció correr mucho más rápido que el rigor de la propia investigación. Sobre esto quiero ser categórico para evitar malentendidos: no se cuestiona la validez del operativo ni el derecho del gobierno federal a actuar. Si las autoridades detectaron posibles inconsistencias en la trazabilidad o documentación del producto, tenían la estricta obligación de intervenir, asegurar precautoriamente el sitio e investigar a fondo hasta esclarecer la procedencia de cada litro.

La verdadera crítica apunta a la forma y al manejo de la narrativa pública. Resulta sumamente delicado anunciar un golpe histórico antes de contar con la certeza jurídica y técnica de que la totalidad del volumen asegurado era efectivamente ilícito. La propia Fiscalía General de la República aclaró inicialmente que se trataba de producto cuyo origen aún no había sido acreditado en el momento. El gobierno estatal de Guanajuato fue incluso más prudente al señalar que faltaban peritajes clave para determinar la naturaleza, legalidad y volumen definitivo del hidrocarburo.

Había preguntas fundamentales sin respuesta. Una cosa es que un operador enfrente contratiempos administrativos para validar la trazabilidad inmediata de un inventario, y otra muy distinta es haber probado judicialmente que ese volumen fue robado, contrabandeado o comercializado de forma ilegal. Entre una sospecha operativa y una acusación penal existe un puente insustituible llamado evidencia.

La empresa involucrada sostiene que la terminal opera dentro del marco legal, con permisos vigentes y almacenando producto de clientes que también cuentan con autorización. Esto tampoco demuestra automáticamente la legalidad de todo el combustible, pues corresponderá a cada comercializador acreditar sus operaciones. Sin embargo, confirma que la cautela debió imperar antes del espectáculo informativo. Cincuenta y nueve millones de litros bastan para armar un titular llamativo, pero no bastan para demostrar la comisión de un delito.

El volumen solo prueba la existencia de un gran almacenamiento. Para tipificar un delito es indispensable reconstruir la historia del producto: quién lo compró, quién lo vendió, qué impuestos pagó, cómo ingresó al país y quién es su dueño legítimo. Para ello existen pedimentos, controles volumétricos y registros fiscales. La secuencia lógica de la autoridad siempre debe ser asegurar, investigar, comprobar y, solo al final, anunciar conclusiones. Aquí el proceso se ejecutó al revés.

Quizá la investigación demuestre la ilegalidad del combustible, o tal vez las empresas terminen acreditando documentalmente la procedencia del producto. Hoy no lo sabemos con certeza. El combate al contrabando de hidrocarburos es un asunto demasiado serio para convertirlo en una carrera por cifras récord. La prudencia exige que la evidencia preceda al anuncio; de lo contrario, el espectáculo mediático termina desplazando al debido proceso y a la justicia.