El nuevo decreto que te costará casi 6 mil pesos si no obedeces a Guardia Nacional
Un nuevo decreto presidencial otorga el control total de las carreteras a la Guardia Nacional, imponiendo multas históricas por no acatar órdenes de sus elementos.
El control de las vías de comunicación terrestre en México ha dado un giro definitivo hacia el terreno militar. Tras la entrada en vigor de un reciente decreto presidencial, la Guardia Nacional ha sumado la vigilancia y sanción en carreteras federales a la lista de sectores estratégicos bajo su mando, donde ya coordina aduanas, migración, puertos y aeropuertos.
Esta modificación legal otorga facultades de inspección, detención y sanción económica a los elementos del cuerpo militar, reconfigurando por completo la relación entre conductores y autoridades en los trayectos nacionales.
Dentro del paquete de nuevas sanciones, la penalización económica más elevada no corresponde a conductas de alto riesgo tradicional, como conducir bajo los efectos del alcohol, sino al desacato directo de la autoridad.
El Reglamento General establece en su artículo 60 una jerarquía absoluta: las indicaciones emitidas por los elementos de la Guardia Nacional prevalecerán de forma oficial sobre los semáforos, los señalamientos viales y cualquier otra normativa de tránsito vigente. Ignorar o contradecir la orden directa de un agente en carretera derivará en una infracción directa que puede alcanzar los 5,865 pesos.
Asimismo, el decreto endurece la fiscalización de las condiciones mecánicas de los vehículos particulares y de carga. Las fallas visibles o el desgaste excesivo en neumáticos se traducirán en infracciones inmediatas.
Por su parte, los desperfectos detectables en el sistema de frenado o en las luces de la unidad ameritarán multas que oscilan entre los 2,000 y los 3,257 pesos. Incluso, situaciones incidentales como sufrir una ponchadura y no colocar adecuadamente los triángulos de seguridad vial serán motivo de sanción obligatoria.
El decreto estipula que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dispone de un plazo de 180 días naturales para diseñar y emitir las boletas de infracción oficiales. No obstante, las facultades sancionadoras y el marco punitivo ya se encuentran plenamente vigentes en todo el territorio mexicano.
Más allá del ordenamiento técnico de la circulación, este cambio ha reavivado el debate nacional en torno a la centralización del orden civil en manos de mandos castrenses. Los analistas señalan que esta reforma trasciende el ámbito vial, consolidando un esquema de control territorial profundo mediante decretos administrativos.
