La ventaja de gobernar mientras se busca seguir gobernando

En política, cumplir con las reglas no siempre significa competir en igualdad de condiciones. La convocatoria que Morena publicó para elegir a sus coordinadores municipales rumbo a 2027 ofrece un ejemplo de esta diferencia. Los presidentes municipales que busquen participar en el proceso interno podrán hacerlo sin separarse de sus cargos, una disposición que incluye a José Chedraui Budib, quien ya manifestó su intención de buscar otro periodo al frente del Ayuntamiento de Puebla.

La decisión tiene implicaciones que van más allá de un requisito administrativo. Mientras algunos aspirantes tendrán que invertir tiempo y recursos propios para darse a conocer entre la militancia y la ciudadanía, quienes actualmente gobiernan cuentan con una exposición pública inherente a sus responsabilidades. Un presidente municipal aparece constantemente en medios, encabeza actos oficiales, inaugura obras, anuncia programas y mantiene contacto con distintos sectores de la sociedad. Esa visibilidad es legítima cuando responde al ejercicio de sus funciones, pero también puede influir en el reconocimiento ciudadano de quien pretende obtener una candidatura.

La diferencia adquiere mayor relevancia cuando el método de selección contempla encuestas, estudios de opinión y evaluaciones sobre conocimiento y aceptación ciudadana. Bajo esas condiciones, el reconocimiento acumulado durante el ejercicio de un cargo público puede convertirse en una ventaja para el proceso interno, aunque por sí mismo no garantice la postulación.

No se trata de cuestionar el derecho de Chedraui a buscar la reelección. La legislación permite que los presidentes municipales aspiren a un periodo consecutivo bajo las condiciones correspondientes, y tampoco existe una obligación general de abandonar el cargo por el simple hecho de tener aspiraciones políticas. La discusión es distinta: hasta qué punto las reglas de un partido pueden garantizar una competencia equilibrada cuando algunos participantes conservan una plataforma institucional que los demás no tienen.

Morena decidió establecer condiciones diferentes según el cargo que desempeñan sus aspirantes. Mientras alcaldes, síndicos, regidores y legisladores pueden permanecer en funciones, otros servidores públicos y dirigentes partidistas deben separarse de sus responsabilidades para participar. La distinción puede responder a criterios jurídicos y organizativos, pero también merece una explicación política sobre cómo se pretende evitar que esas diferencias afecten la competencia interna.

El propio Chedraui había declarado que solicitaría licencia cuando la dirigencia de Morena lo indicara. Sin embargo, las reglas publicadas este 8 de octubre no lo obligan a hacerlo para registrarse como aspirante a coordinador municipal. Esto no significa que pueda utilizar recursos públicos para promoverse ni que esté exento de las restricciones electorales. Significa que podrá mantener sus responsabilidades municipales durante esta etapa del procedimiento partidista.

Ahí aparece una de las dificultades más importantes para las autoridades electorales. La de distinguir entre la comunicación legítima de un gobierno y la promoción personalizada de un funcionario con aspiraciones políticas. Una inauguración, una entrega de apoyos o un informe de actividades no constituyen automáticamente actos anticipados de campaña. Para determinar una infracción deben analizarse las circunstancias, el contenido, los recursos utilizados y las disposiciones aplicables. Sin embargo, esa distinción jurídica no elimina la necesidad de vigilar cómo se utilizan los espacios y mecanismos de comunicación institucional.

Existe además otra discusión sobre la transparencia del proceso interno. La convocatoria contempla que la Comisión Nacional de Elecciones utilice encuestas, estudios de opinión, consultas y otros mecanismos para valorar los perfiles, pero estos instrumentos no necesariamente serán aplicados de manera idéntica en todos los municipios. Por ello, resultará importante conocer los criterios de evaluación, la metodología utilizada y las razones que sustenten cada designación.

Esto no permite afirmar que habrá una imposición de candidaturas ni que las encuestas serán ignoradas. Tampoco sería correcto presentar una eventual designación como un acto de favoritismo sin pruebas. Lo que sí puede exigirse a cualquier partido que utiliza mecanismos de consulta es que explique con suficiente claridad cómo transforma las preferencias y evaluaciones recogidas en una decisión política.

En Puebla, el debate tiene una dimensión adicional. Chedraui no sólo es un aspirante potencial a la candidatura de Morena; es el presidente municipal en funciones y, por tanto, responsable de administrar recursos públicos, conducir los servicios municipales y responder por los resultados de su gobierno. La posibilidad de buscar otro periodo no debería desplazar esas obligaciones ni convertir la agenda del Ayuntamiento en una extensión de las actividades partidistas.

La reelección puede ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de dar continuidad a una administración o de evaluar su desempeño mediante el voto. Pero para que esa evaluación tenga sentido, debe existir una separación reconocible entre los resultados del gobierno, la promoción institucional y los intereses electorales de quienes lo encabezan.

La convocatoria de Morena resuelve quiénes pueden participar sin solicitar licencia, pero deja abierta una pregunta sobre las condiciones de esa participación. No basta con prohibir el uso de recursos públicos o establecer restricciones a la propaganda; también importa que existan mecanismos verificables para garantizar que las actividades oficiales no se utilicen indebidamente durante la competencia interna.

En una democracia, la discusión no debería limitarse a determinar si un funcionario tiene derecho a buscar la reelección. También debería examinar las condiciones bajo las cuales ejerce ese derecho mientras conserva el poder público.

Porque una cosa es tener derecho a competir desde el cargo y otra muy distinta es demostrar que esa competencia se desarrolla en condiciones de equidad.