¡Terremoto político! Estados Unidos investiga criminalmente a Alfonso Durazo y Américo Villarreal
El gobierno estadounidense inició investigaciones criminales contra los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal, vinculándolos al crimen organizado bajo un programa especial de cooperación legal.
Una investigación periodística conjunta de Puente News Collaborative y Los Angeles Times ha cimbrado la escena política nacional al revelar que el gobierno de Estados Unidos mantiene investigaciones criminales activas contra Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya, gobernadores de Sonora y Tamaulipas, respectivamente.
El reporte, firmado por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum, señala que Durazo, exsecretario de Seguridad Pública durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, figura como uno de los líderes políticos de más alto perfil indagados por la justicia norteamericana.
A raíz de sus presuntos vínculos con el crimen organizado, las autoridades de Estados Unidos cancelaron la visa de Alfonso Durazo el año pasado. A pesar de la restricción consular, fuentes cercanas al caso revelaron que el mandatario sonorense ingresa de forma regular a territorio estadounidense para recibir atención médica especial.
Esto es posible gracias a un mecanismo legal denominado Significant Public Benefit parole, un estatus excepcional empleado por la justicia de ese país para individuos que están cooperando activamente en materia de seguridad pública, permitiendo a ciudadanos extranjeros testificar ante un gran jurado para mitigar cargos vigentes o pendientes.
Por su parte, la indagatoria que pesa sobre el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se encuentra directamente relacionada con el mercado ilícito de combustibles o huachicol.
Fuentes con conocimiento del caso señalaron que Villarreal también posee el estatus de Significant Public Benefit parole y que, debido a su condición de cooperación, suele ser escoltado por oficiales federales al cruzar la frontera. Ante dichos señalamientos, el tamaulipeco emitió una declaración a los reporteros donde calificó las acusaciones en su contra como totalmente falsas.
Este complejo escenario ha tensado los canales de comunicación diplomática entre ambas naciones. Previamente, un gran jurado en Nueva York aprobó la acusación y solicitud de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó el proceso calificándolo como una campaña de difamación políticamente motivada.
Trascendió que en una reunión celebrada en mayo con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin, se solicitó formalmente el envío de Rocha Moya; sin embargo, la mandataria federal advirtió que el destino del sinaloense se resolverá en México y sentenció que cualquier imputación estadounidense adicional contra líderes electos será considerada una interferencia política inadmisible en los asuntos soberanos del país.
